Cabe remontarse al 24 de noviembre de 2008, cuando uno de los vecinos afectados con residencia en la zona de la desembocadura del río remitió un escrito a la CHJ (Confederación Hidrográfica del Júcar), comunicando la lamentable situación en la que quedó la parte derecha del cauce debido a la fuerte riada de octubre de 2007, han sido varios los intentos por parte del Consistorio para que bien la CHJ o Costas, acordasen a quién correspondía hacerse cargo de de adoptar las medidas necesarias para rehabilitar la zona, pero a día de hoy sigue sin haber acuerdo entre ambos organismos y la zona sigue suponiendo un peligro para sus habitantes.
El día 7 de enero de 2009 el Ayuntamiento trasladó a la CHJ un informe del técnico municipal, en el que se detallan los daños y se adjuntan fotos. El 3 de marzo, la CHJ inspecciona el lugar y asegura, textualmente, que “la capacidad natural de desagüe no se encuentra alterada”, y que no hay “obstrucción de vegetación”, asegurando que las alteraciones se han producido en zona marítimo terrestre y que el organismo competente para solucionar el problema era el Servicio Provincial de Costas. El 1 de junio el Consistorio remite otro informe del técnico municipal y el 4 de junio traslada la respuesta de la CHJ a Costas. El 1 de septiembre este último organismo manifiesta que no es de su competencia y vuelve a apuntar a la CHJ como responsable.
Por todo ello y ante las diferencias patentes entre ambos organismos, Jaime Ivars, lamenta en el texto que “dos organismos periféricos de la Administración del Estado, la CHJ y Costas, dependientes de un mismo Ministerio “se lanzan la pelota el uno al otro mientras, en medio, unos vecinos, y el Ayuntamiento presionado por la angustia de los mismos, asisten impávidos a este juego entre dos administraciones” y asegura que “esta situación de inactividad administrativa atenta contra los principios de organización y funcionamiento de la Administración del Estado” y “de servicio efectivo a los ciudadandos”.
