La consellera de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana, ha asegurado hoy que “de 8.800 personas con discapacidad usuarias de plazas en centros financiados por la Generalitat, alrededor de 4.000 quedan exentas de hacer aportaciones económicas a la financiación del coste de los servicios que reciben”, y ha asegurado que “ningún usuario quedará fuera de la cobertura del sistema por no disponer de recursos económicos”.
La consellera de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana, acompañada por los vicesecretarios regional y provincial de Políticas Sociales del Partido Popular, César Augusto Asencio y Juan de Dios Navarro, se ha reunido con responsables públicos y orgánicos del Partido Popular en la Provincia de Alicante para abordar el nuevo sistema puesto en marcha en la Comunitat Valenciana sobre las aportaciones de los usuarios al coste de los servicios públicos de discapacidad y dependencia.
Sánchez Zaplana ha explicado que “de los 7.100 usuarios de centros que han recibido resolución de la Conselleria, el 30% queda exento de realizar aportación al coste del servicio. A ellos se suman los 1.800 menores usuarios de Centros de Atención Temprana, que tampoco aportarán al no tener capacidad económica individual”.
En este sentido, la consellera de Bienestar Social ha indicado que “los usuarios de los centros de atención a personas con discapacidad, sean o no dependientes, participarán en la financiación de las mismas, según el tipo y coste del servicio y su capacidad económica individual, tal y como establece la Ley de Dependencia, aprobada en 2006 por el Gobierno socialista, en su artículo 33”.
Una medida de justicia distributiva
Asimismo, ha señalado que “el sistema de aportación del usuario a la financiación del coste de los servicios es una medida justa y equitativa, que cumple un principio fundamental de justicia distributiva”. En este sentido, ha indicado que “este sistema permite que quienes no tengan capacidad económica puedan recibir los mismos servicios sin realizar aportación alguna”.
La participación de la persona beneficiaria en el coste del servicio se calcula de forma progresiva, mediante la aplicación de fórmulas acordadas por todas las Comunidades Autónomas en el Consejo Territorial de Dependencia y publicadas en Resolución de la Secretaría de Estado en julio de 2012.
Incremento presupuestario
Además, la consellera de Bienestar Social ha explicado que la Generalitat ha incrementado en sus presupuestos para 2014 la partida destinada a la subvención de centros de atención a la discapacidad gestionados por entidades sin ánimo de lucro en un 3’6% respecto al año anterior, pasando de 65’8 millones en 2013 a más de 68’4 este año.
Asimismo, ha subrayado que “este año, por primera vez, los presupuestos de la Generalitat recogen líneas nominativa para la financiación de los centros de atención a personas con discapacidad gestionados por las entidades locales, con más de 15 millones de euros para 50 ayuntamientos, 13 mancomunidades y dos consorcios de la Comunitat Valenciana”.
“Cada entidad local beneficiaria de subvención de la Generalitat recibe este año, a través de la línea nominativa, un 3,6% más que en 2013 para el mantenimiento de sus centros de atención a la discapacidad de diferentes tipologías”, ha añadido Sánchez Zaplana.
César Augusto Asencio ha recordado que “el Gobierno de Partido Popular en la Generalitat Valenciana aprueba el Decreto de Precios Públicos por el obligado cumplimiento de los acuerdos estatales que desarrollan la Ley de Dependencia, aprobada en 2006 por el Gobierno Socialista”, y ha añadido que “la finalidad es garantizar la equidad e igualdad de trato para todas las personas con discapacidad, sean o no dependientes”.
Finalmente, Juan de Dios Navarro ha señalado que “el Partido Popular no va a permitir ninguna situación injusta, porque para los nosotros la prioridad son las personas” y ha añadido que “si hubiera algún caso o situación personal concreta que requiera de intervención para aplicar medidas o fórmulas correctoras, el Gobierno valenciano las realizará”.
